Tolerancia cero con la corrupción

La III Conferencia de Alcaldes Socialistas de la Comunidad de Madrid aprobó hoy un Código Ético de Buen Gobierno para cargos públicos y directivos de libre designación.

Es un decálogo que, según el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, pretende parar la degeneración que está sufriendo la vida política de la Comunidad.

Dice Gómez que "hay personas que no llegan a final de mes, que pierden su empleo, la prestación por desempleo, que no pueden pagar la hipoteca... Es inmoral que responsables públicos estén cobrando de dos y tres sitios. La política y medrar económicamente son incompatibles".

A esta conferencia ha asistido el Alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, aunque oficialmente está de vacaciones.

Neptuno28 ha tenido acceso a este decálogo que parte de tolerancia cero con la corrupción y que pretende recuperar la credibilidad y la confianza entre los ciudadanos. Aquí lo tienen, no tiene desperdicio. Creo que es como la Carta que todos los años mando a los Reyes Magos. Luego siempre me llega carbón. ¿Cuántos de estos 10 puntos se incumplen o se cumplen en Leganés?:

1. Comisiones de seguimiento y vigilancia de las contrataciones, y publicación de las propuestas y conclusiones de las mismas. Máxima publicitación, información, y control en todos los procesos de contratación basados en la capacidad, merito, eficacia técnica y/o oferta económica, para garantizar los principios de transparencia, legalidad, publicidad y libre concurrencia

2. Comisiones de investigación con participación de los distintos grupos políticos de forma proporcional a su representación en las que las decisiones se tomen por mayoría cualificada.

3. Garantizar la máxima transparencia en los procedimientos urbanísticos, mediante la realización de auditorías urbanísticas en los Ayuntamientos y la Comunidad de Madrid, a través de un organismo de control, similar al Tribunal de Cuentas, en su estructura y sus funciones.

4.-Máxima publicidad y libre accesibilidad a las declaraciones de bienes, participaciones societarias y/o en consejos de administración, ingresos económicos y remuneraciones en dinero o especies, de los cargos electos y directivos de libre designación, de sus cónyuges o personas que convivan en análoga relación de afectividad, reflejándose la procedencia y sus variaciones durante el periodo de ejercicio como tal, y los dos años posteriores a la finalización del mismo.

5.- Regulación legislativa que permita definir un marco de remuneraciones de los cargos electos y cargos directivos de libre designación, así como el grado de dedicación y el nivel de incompatibilidad respecto a su participación en otras empresas u organizaciones, a las remuneraciones obtenidas de dichas actividades, y a la toma de decisiones que afecten al normal desempeño de su cargo.

6.- Garantizar mediante el desarrollo legislativo de ámbito regional, una mínima estructura de participación ciudadana que contemple el carácter sectorial y el ámbito territorial de esta en los municipios, creándose como órgano máximo de participación el Consejo Ciudad, así como la figura del Defensor del Ciudadano, para favorecer la confianza de la ciudadanía en la acción de gobierno.

7.- Se garantizará la pluralidad en las empresas públicas, comisiones de investigación, seguimiento y vigilancia, así como la participación de todos los grupos con representación institucional. Se establecerá por ley un marco mínimo de garantías para los grupos en oposición, que les permita, mediante el uso de los recursos públicos suficiente, la participación y el acceso a la información, ejercer adecuadamente sus tareas de control al gobierno.

8.- Se aplicará con el máximo rigor y tolerancia cero, la legislación y los acuerdos antitransfuguismo, garantizando el respeto a la voluntad popular expresada en los procesos electorales.

9.- Se establecerán límites legislativos a la utilización de los recursos públicos para evitar la prevalencia del interés particular o partidista en el uso de los mismos-Vehículos oficiales, uso de instalaciones públicas, publicidad y propaganda institucional, etc.

10.- Comisiones de seguimiento y control del uso de los medios de comunicación públicos municipales, y reforzar los mecanismos de control de los medios públicos autonómicos, para garantizar la objetividad informativa, y el uso leal de los recursos públicos. Las decisiones se tomaran por mayoría cualificada.